La liberación, que se hace en tres fases, de 6 rehenes por parte de las FARC desencadena una vez más miles de solicitudes al Gobierno de Uribe -dentro de Colombia y en muchos lugares del mundo- para que tenga lugar, a la mayor brevedad posible, un acuerdo humanitario en el país como preludio de una solución política negociada. Los dos políticos liberados, Alan Jara y Sigifredo López, también apoyan a esta demanda -que encabeza el colectivo Colombianas y colombianos por Paz (CCP), liderado por Piedad Córdoba. Jara y López son especialmente críticos con la actitud del Gobierno de Uribe quien, según coinciden ambos, no ha hecho en realidad nada por los secuestrados en Colombia ni cree en una resolución dialogada del conflicto.

El Gobierno colombiano intenta que fracasen las tres liberaciones de rehenes de las FARC haciendo sobrevolar un avión militar -a pesar de haberse comprometido públicamente a no hacerlo- por las zonas indicadas por las FARC a los mediadores para hacer la entrega de los secuestrados. Lo denuncian dos periodistas independientes, Jorge Enrique Botero y Daniel Samper, que forman parte del grupo de personas que se adentra en la selva a recibir a los rehenes. El Gobierno colombiano acaba aceptando estas graves irregularidades pero les quita importancia. En cambio, los sobrevuelos los critica incluso la Cruz Roja, también presente en el lugar.

Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC, dirige una carta a Piedad Córdoba en la que agradece a CCP la gestión humanitaria hecha por este col.lectivo e insiste en que hace falta llegar a una solución política negociada en Colombia. Por su parte, CCP representado en este caso por Iván Cepeda, pide a la guerrilla que abandone la práctica del secuestro y que respete a la población civil.

Paradójicamente, y en este contexto, se conoce la trágica noticia que las FARC han asesinado a principios de febrero a por lo menos 8 miembros del colectivo indígena Awà, que vive en resguardos de Nariño (sur de Colombia). Las mismas FARC lo reconocen días después en un comunicado público. La masacre es condenada enérgicamente por organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales.

- En su informe anual sobre el estado de los DDHH en el mundo, la organización Human Rights Watch afirma que los paramilitares nunca se desmovilizaron completamente. El documento indica que muchos de los 30.000 paramilitares que el Gobierno de Uribe asegura que se han desmovilizado, serían en realidad civiles reclutados con el objetivo de que se hicieran pasar por paramilitares, circunstancia que, añade HRW, no ha sido casi investigada por las autoridades colombianas.

El informe añade que han surgido nuevos grupos armados por toda Colombia, a menudo bajo el mando de jefes paramilitares de rango medio. La OEA ha detectado 22 grupos, con miles de integrantes cada uno.

Más info.

www.hrw.org

- En una entrevista a la revista colombiana Cambio, la ex congresista Rocío Arias -actualmente procesada por "parapolítica"- hace públicos nuevos detalles sobre el presunto apoyo financiero que el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, recibió del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, 'don Berna' (extraditado a los EEUU por narcotráfico).

Arias explica también que existe un manuscrito en el cual el propio 'don Berna' explica que 'el Pájaro' -testigo en la investigación que la Corte Suprema hace contra la ex presidenta del Senado colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez- fue presionado fuertemente para que no revelase sus vínculos con Gutiérrez.

Más info:

www.cambio.com.co

- DIH: Un numeroso grupo de indígenas Awá es asesinado por miembros de las FARC en su resguardo de Telembí, en Nariño, según esta guerrilla porque los indígenas pasaban información sobre ellos al Ejército. Los testimonios de las personas que quedan vivas, aseguran que hay varios menores entre los asesinados y que los guerrilleros se llevan a un numeroso grupo de niños y niñas, hijos de los muertos, sin que se conoza aún ahora su paradero.- Dos niños de 12 y una niña de 13 años, que recibían clase en una escuela de Puerto Cachicamo (Meta), quedan gravemente heridos después de que miembros de la brigada móvil nº7, del batallón 64 del Ejército, disparan indiscriminadamente tras caer uno de sus soldados herido de bala en pleno centro del pueblo.

- DDHH: El periodista independiente Holman Morris es amenazado y presionado por militares para que entregue el trabajo hecho en el departamento del Caquetá, a donde se había desplazado con su equipo para hacer varios reportajes sobre la guerrilla, a lo cual él se niega. Días más tarde, tras ser acusado públicamente por el Gobierno de trabajar al servicio de las FARC y de ser retenido unos días en la zona, recibe una vez más amenazas de muerte.

El informe anual de la Fundación por la Libertad de Prensa,indica que el 08 la amenaza y la estigmatitzación constantes han sido las principales amenazas contra la libertad de Prensa en Colombia.

Más info:

http://colombia.indymedia.org
http://www.flip.org.co

- El juez condena a 38 años al ex jefe paramilitar del Bloque Norte Hernán Giraldo "El Patrón", por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada de Julio Henríquez. A este líder ecologista, activista histórico de Santa Marta y Tayrona y ex miembro de la guerrilla desmovilizada M-19, lo desaparecieron en febrero del 2001 de la cooperativa que había contribuido a crear con campesinos de la zona.

Es la primera condena contra este líder paramilitar, extraditado actualmente a los EEUU, que durante años negó haber sido el verdugo de Julio Henríquez, aun cuando numerosos testigos lo señalaban como tal.

- La Justicia colombiana condena a 28 años de prisión a Julio César Ardila, ex alcalde de Barrancabermeja (actualmente encarcelado) y a 26 años a dos funcionarios del mismo Ayuntamiento, por el asesinato
en abril del 2003 del periodista Emeterio Ribas.

Los testimonios de dos paramilitares sirvieron por probar
irrevocablemente que Ardila pactó con algunos paramilitares el asesinato del periodista, que había denunciado repetidamente los vínculos del ex alcalde con los paramilitares de la zona.

Además, durante los días posteriores al crimen de Rivas fueron asesinadas un total de 5 personas más, todas ellas del entorno del periodista.

Más info:

www.prensarural.org/spip/
www.colectivodeabogados.org/spip.php

Miles de mujeres, pertenecientes a 34 organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia, se concentran tres días de febrero en el centro de Bogotá, bajo el lema unitario "Mujeres por los acuerdos humanitarios, ya!".

En el acto, apoyan explícitamente la tarea de mediadora hecha por la senadora Piedad Córdoba, así como las gestiones de ésta para que tenga lugar una solución política negociada al conflicto colombiano.

- El 3 de febrero, mujeres de todas las regiones de Colombia hacen también en Bogotá un emotivo acto de reconocimiento a la lideresa indígena Aida Quilcué, cuyo compañero fue asesinado a tiros por el Ejército, hace un mes, en un atentado que iba dirigido a ella. El acto sirve para reconocerle públicamente a Aida "su ejemplo de resistencia y su aportación a la construcción del tejido social en mitad de la guerra".

Algunas de las actividades de la Taula este mes:

- Hemos enviado una carta al director del Programa presidencial de DDHH y DIH del Gobierno colombiano, pidiéndole que se investigue a fondo la muerte -al estallar una bomba- de 5 miembros del colectivo indígena Kankuamo, el 1 de enero pasado.

La Taula le pide también que se cumplan las medidas cautelares de protección dictadas por la CIDH a favor de este colectivo a quien le han asesinado más de 300 miembros los últimos 4 años.

- Hemos hecho un comunicado público condenando la masacre hecha por las FARC contra un grupo de indígenas Awá. En el mismo comunicado, la Taula reafirma a las autoridades indígenas colombianas en el ejercicio de todas sus funciones y de forma autónoma .