Philip Alston, relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias manifiesta a la prensa, al finalizar una visita de 15 días en Colombia, que las ejecuciones extrajudiciales en el país son una práctica "casi sistemática" llevada a cabo "por una cantidad significativa de elementos dentro el Ejército" colombiano. Alston, que se pudo entrevistar con más de 100 familiares de víctimas de la violencia en Colombia, dice también que, a parte de afirmaciones contundentes, el Gobierno colombiano no le ha dado ninguna prueba de que la mayoría de los denominados falsos positivos fueran guerrilleros. Alston muestra también su preocupación por la carencia de personal en la Unidad de DDHH de la Fiscalía colombiana y por el poco o nulo caso que los jueces militares suelen hacer de los dictámenes de la Corte Constitucional del país. Todo ello, manifiesta el relator de la ONU, favorece enormemente la fuerte impunidad ya existente.

- Sigue el intercambio epistolar entre Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) -que tiene como objetivo llegar a una solución política negociada- y la guerrilla del ELN, con una segunda carta de CCP a la guerrilla. En el escrito, CCP dice que abandonar la práctica del secuestro como arma de guerra debe ser "una decisión y un compromiso unilateral del ELN" y no un tema para poner sobre la mesa en caso de una eventual negociación. CCP también les exhortan a hacer pública su agenda para retomar el camino de la solución política negociada en Colombia.

- Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos exteriores, afirma en una comparecencia en el Senado español, que las FARC se encuentran en franco declive lo cual, asegura, "constituye una buena noticia para todos los demócratas y para los que rechazamos la violencia como instrumento político".

- Finalmente, el presidente del sindicato del metal más poderoso de los EEUU, Leo Gerard, le pide por carta a Barack Obama que no reciba a Álvaro Uribe en la Casa Blanca porque esto constituiría un mal mensaje para el mundo puesto que, le explica, durante el mandato de Uribe se ha asesinado y perseguido a centenares de sindicalistas en Colombia, su Gobierno ha mantenido vínculos con los paramilitares y, en general, en Colombia, actualmente, no hay respeto por los Derechos Humanos. .

- La desmovilización paramilitar sigue profundamente cuestionada: durante los meses de mayo y junio, las Águilas Negras (paramilitares autodenominados de nueva generación) amenazan, con una oleada de panflets anónimos, a centenares de defensores y defensoras de los DDHH o a las organizaciones a las que pertenecen. Es el caso de, por ejemplo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la asociación Minga o la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz o personas como Iván Cepeda y Piedad Córdoba. Todos pertenecen al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

- Los "nuevos" paramilitares amenazan también con hacer lo que ellos denominan "limpieza social" en grandes ciudades del país, contra colectivos sociales como drogadictos, habitantes de la calle o mujeres que ejercen la prostitución.

- El actual embajador de Colombia en Italia y ex ministro del Gobierno de Uribe, Sabas Pretelt, es acusado de vínculos con los paramitares. El ex paramilitar alias "Daniel Centella", asegura ante el juez que Pretelt se reunió con jefes paramilitares en 2004, varias veces, en una finca del departamento del Cesar. A estas reuniones también habría asistido alguna vez el senador uribista Jorge Visbal Martelo.

- La Fiscalía entrega a las autoridades las primeras evidencias de la complicidad entre políticos y paramilitares en el departamento del Caquetá. Multitud de testigos apuntan que dos pesos pesados de la política del departamento estuvieron presuntamente involucrados con los paramilitares del Bloque Central Bolívar, llegados a la región en 2001. Son el ex representant en la Cámara Luis Fernando Almario y el ex gobernador del Caquetá, Juan Carlos Claros. Varias versiones libres de paramilitares señalan también al ex alcalde de Florencia Arnoldo Barrera y al senador Oscar Reyes de tener esos vínculos.

- DDHH: Dos educadores , sindicalistas de la Asociación de Educadores de Arauca, son asesinados con 2 días de diferencia en aquel departamento. A Pablo Rodríguez lo matan a tiros dentro de su propia aula de clase, en una aldea que pertenezco al resguardo indígena Cuiloto. Jorge Humberto Echeverri también es asesinado a tiros por un desconocido.

Pocos días después matan en la entrada de su casa, en Cúcuta, a Rafael Antonio Sepúlveda dirigente del sindicato de la salud ANTHOC. Con ellos, ya son 21 los y las sindicalistas asesinados en Colombia en este año 2009.

- DIH: Desde el 16 de junio, un grupo de soldados del Ejército colombiano permanece instalado en la aldea Tres Quebradas, dentro del resguardo de Canoas (Cauca) según denuncia su gobernador, el indígena Marino Dagua.

Aun cuando la Guardia Indígena les pide que salgan del núcleo porque están violando el DIH, los soldados siguen viviendo en las casas de dos familias de la aldea, argumentando que "cumplen órdenes".

- Veinte años después de la masacre de La Rochela, en la que fueron asesinados doce miembros de una comisión judicial que iba a investigar otra reciente masacre, la Fiscalía reabre el caso y llama a indagatoria al general retirado Farouk Yanine, considerado el presunto autor intelectual de la matanza, que perpetró un grupo de paramilitares. Pese a que existen múltiples pruebas, además de recomendaciones de la CIDH y de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Yanine siempre había conseguido mantenerlo formalmente desvinculado de este proceso.

- El Parlamento colombiano aprueba el proyecto de ley denominado "Estatuto de las víctimas", muy criticado por las organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas del país. Las críticas principales se centran en que el texto aprobado no reconoce a las víctimas de los crímenes de Estado -es decir, de la Fuerza Pública- a no ser que esta condición se demuestre jurídicamente. Tampoco contempla la restitución de tierras o bienes usurpados injustamente ni reconoce la responsabilidad del Estado en las violaciones a DDHH.

Se cumple un año de haberse emitido una resolución de la Corte Constitucional colombiana que obliga el Estado a crear un plan integral de protección de víctimas y testigos con enfoque diferencial de género, en el marco de la ley de Justicia y Paz . Aún así, denuncia la socióloga y feminista Florence Thomas en un artículo, el Gobierno no ha ni empezado esta tarea.

Y recuerda que el 70'6% de las personas que reclament sus derechos dentro de aquella ley, son mujeres. Como lo son, también, la mayoría de víctimas del conflicto colombiano.

Muchas mujeres colombianas, denuncia Thomas, son doblemente víctimas de la violencia en el país: por la situación de conflicto existente y, también, porque a menudo son sometidas a violencias sexuales por parte de los actores armados.

Algunas de las actividades de la Taula este mes:

- Hemos enviado una carta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y al director del Programa presidencial de DDHH y DIH del Gobierno colombiano, Carlos Franco, para expresarle nuestra preocupación por las amenazas de muerte recibidas recientemente por dos de las tres becarias de la Taula este curso.

- Hemos celebrado en Barcelona, con mucha asistencia de público, el coloquio "Recordar desde el corazón: las víctimas en la memoria" sobre las víctimes en Colombia y las de la Guerra Civil española y la posterior represión franquista. Este acto se complementó con una exposición itinerante por espacios públicos de la ciudad que, bajo el mismo título, da a conocer quiénes son las víctimas del conflicto colombiano, a la vez que muestra los procesos que han llevado a cabo para recuperar y construir su memoria histórica.