Después de casi 3 meses se mantiene el cambio de formas del presidente Santos respecto del gobierno anterior. El cambio de lenguaje, el tono conciliador y de respeto que en general los representantes del nuevo gobierno han utilizado en sus relaciones con las organizaciones sindicales, afrocolombianes, de derechos humanos y otros del movimiento social son bien recibidas por estos colectivos. Sin embargo, la realidad de la vulneración de los derechos a líderes sociales, sindicalistas, líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, periodistas o personas que reclaman sus tierras no han parado en estos primer periodo, incluso en algunos casos parecen incrementar. En consecuencia, es necesario un cambio profundo no sólo en las palabras sino en los hechos.

Las investigaciones por el caso de las “chuzadas” del DAS siguen avanzando y apuntan cada vez más al ex presidente Álvaro Uribe, primero con las acusaciones directas de altos funcionarios del DAS y recientemente con la sanción a su secretario general, Bernardo Moreno. Estos últimos movimientos han provocado que el Congreso decida abrir una comisión de investigación contra Uribe por sus posibles responsabilidades. Sin embargo, no hay muchas esperanzas que ésta vaya a ser demasiado eficiente porque las tres personas que forman parte son políticos “amigos” o de su propio partido.

Varias organizaciones sociales del Estado español han denunciado públicamente que han sido posibles víctimas de las acciones ilegales del DAS en territorio colombiano y/o del Estado español. Algunas de ellas han presentado una querella en Madrid contra el ex presidente Álvaro Uribe por su responsabilidad política y penal.