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ACTUALIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA |
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En su discurso ante la Asamblea General (que es anual) de la ONU, el presidente Uribe afirma que su política de "seguridad democrática" ha permitido recuperar la confianza para "denunciar, atestiguar y cooperar con las Fuerzas Armadas y la Justicia" de Colombia. Pero los datos que hacen públicas las organizaciones de DDHH colombianas el 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos en Colombia, ponen en entredicho estas afirmaciones puesto que, aseguran éstas, las amenazas, señalamientos y persecución a los y las defensoras de DDHH en Colombia siguen siendo sistemáticas y muy graves. Por ejemplo, un reciente informe de inteligencia estatal asegura que la ong Minga -que trabaja con sectores populares en distimtas partes del país- es colaboradora de la guerrilla.
Por otro lado, la senadora uribista Gina Parody entrega a varios medios un vídeo en el cual unos jóvenes encapuchados hacen llamamientos a favor del movimiento bolivariano y de Raúl Reyes -dirigente de las FARC abatido el pasado mes de marzo-, dentro la Universidad Distrital de Bogotá. Ello es el origen de una fuerte polémica nacional entre quienes sostienen que las FARC hacen propaganda dentro de muchas universidades colombianas y quienes, como el rector de la Distrital o el alcalde de Bogotá, califican de muy “grave” que se diga que sus estudiantes son guerrilleros. Ambos apelan a la libertad de expresión y el alcalde vuelve a oponerse, públicamente, al ingreso de la Fuerza Pública a los campus universitarios, tal y como amenaza con hacer Álvaro Uribe.
La senadora Piedad Córdoba asegura en un discurso que hay 500 órdenes de captura para ejecutar contra estudiantes universitarios, bajo la acusación de pertenecer a las FARC. Los miembros de las dos principales organitzaciones estudiantiles colombianas siguen denunciando persecución estatal y actos de guerra sucia contra ellos, de forma especial desde que han iniciado una campaña nacional contra la privatización de la universidad pública.
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DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR |
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Es detenido y encarcelado por presuntos vínculos con paramilitares el jefe seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro colombiano de Interior y Justicia, Fabio Valencia.
Acusado también de asociación con paramilitares es deportado a Colombia desde Venezuela, el ex ministro colombiano Álvaro Araújo Noguera, que tenía una orden de captura internacional y es padre del ex senador uribista Álvaro Araújo Castro, actualmente encarcelado también por nexos con el paramilitarismo.
Por otro lado, en una decisión histórica, la Fiscalía colombiana ordena la captura de 20 personas, acusadas de la masacre de Trujillo dónde, entre el 86 y el 94, fueron asesinadas (y muchas de ellas cortadas a pedazos y tiradas al río Cauca) unas 250 personas, la mayoría campesinas. De estos 20 presuntos asesinos, 12 eran miembros del Ejército y 2 de la Policía colombiana y el fiscal considera probado que actuaron conjuntamente con paramilitares.
Unos días antes, el vicepresidente colombiano Francisco Santos admite públicamente la responsabilidad de la Fuerza Pública en aquella masacre y pide que se haga efectiva la reparación integral a las familias de las víctimas.
Finalmente, el fuerte enfrentamiento que sostiene Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia hace que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno, en un viaje oficial en Colombia, diga públicamente -en un claro gesto a favor de la Corte colombiana- que si no se investiga y juzga a fondo todo el escándalo de la "parapolítica" en aquel país, será la CPI quien lo haga.
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VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS |
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- Siguen los ataques a la población civil -mayoritariamente indígenas nasa- del norte del Cauca, cada vez de forma más grave. El 18 de septiembre es asesinado un campesino de Jambaló, según la ACIN a manos del Ejército. El día siguiente, el resguardo indígena de Toribío es sometido a un fuerte hostigamiento, a tiros durante 4 horas, por parte de las FARC y en el ataque muere un civil.
- El hijo de 14 años de Eberto Díaz, miembro de la federación campesina FENSUAGRO, es seguido y amenazado cuando volvía de la escuela hacia su casa. El individuo apunta al chico con un arma de fuego y lo quiere obligar a entrar en la vivienda pero, por suerte, la aparición de una vecina frustra el ataque. FENSUAGRO y otras organizaciones de DDHH siguen recibiendo amenazas de muerte por correo.
- Éver González, defensor de DDHH y líder histórico del Comité de Integración del Macizo Colombiano-CIMA, del Cauca, es asesinado a tiros el 20 de septiembre, en el departamento de Sucre.
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¿QUÈ HA HECHO LA TAULA? |
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Algunas de las actividades de la Taula este mes:
- Hemos asistido a un conversatorio en Bruselas sobre la actual situación social, política y de Derechos Humanos en Colombia, organizado por la plataforma OIDHACO (Oficina de Derechos Humanos-Acción Colombia) para sus organizaciones integrantes.
- Nos hemos reunido con delegados de dos organizaciones de Derechos Humanos, una representante de la Gobernación y un profesor universitario, todos del Valle del Cauca, que forman parte de un programa sobre formación en migraciones que está implementando la ong CEAR -miembro de la Taula- en aquel departamento colombiano.
- Seguimos preparando la asamblea semestral de OIDHACO, que se celebrará el 27 y 28 de noviembre en la sede de la Taula, en Barcelona.
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CRISIS HUMANITÁRIAS |
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- 247 familias del área rural de López de Micay (Cauca) se ven obligadas a huir de sus casas hacia la cabecera del municipio, debido a los fuertes enfrentamientos entre las FARC y la ELN. En total, son 1.135 personas de 5 aldeas que se ven obligadas a apiñarse en la escuela, sin casi comida y con algunas enfermedades de piel que empiezan a aparecer, especialmente entre los niños.De los desplazados, 205 son pequeños/as de entre 0 y 5 años de edad.
- Por otro lado, la comunidad de Arepas (Córdoba), en la zona del bajo Sinú, es víctima de un intento de desplazamiento forzado después de que 100 policías, con 2 tanquetas, intentan echar a la gente con gases y agua a presión, y sin dar explicaciones, según informa la Asociación Campesina de Antioquia.
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DECLARACIONES |
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“La pregunta sería: una bomba, matando a todos los miembros del secretariado de las FARC, a todos los que usted quiera como guerrilleros ¿solucionaría el problema de la miseria en Colombia? ¿el de la falta de oportunidades, del abandono y el del maltrato que sufren esos muchachos? No. Y esos son los factores generadores de la violencia, que se expresan a través de la guerrilla o a través del paramilitarismo o de la delincuencia común. Entonces, la solución no solamente puede ser militarista, tiene que tener un componente social definitivo."
Luis Eladio Pérez, ex senador colombiano que estuvo más de 6 años secuestrado por las FARC y acaba de publicar un libro sobre esa experiencia.
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AGENDA |
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- 16, 17 y 18 de octubre. Seminario "Plan Colombia-II, conflicto y derechos humanos". Lugar: CIDOB, c/Elisabets, 12. Barcelona (metro "Catalunya", "Universidad").
Organiza: colectivo Maloka, CIDOB, Oficina de Pau y DDHH de la Generalitat.
Más info: www.colectivomaloka.org
- 25 de octubre. Jornada "El derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia."
Lugar: Sala de actos de los Jesuitas de Caspe c/Roger de Llúria, 13. Barcelona. (metro "Urquinaona").
Organiza: Fundación CEPS-Catalunya.
Más info: www.ceps.es
- 10 al 24 de octubre. 3a muestra de cine colombiano.
L' Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Barcelona y Madrid.
Organiza: Fundación Imago.
Más info: www.fundacionimago.org.co/new
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La “Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia” està formada per: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Santa Pau, Associació Catalana per la Pau, Col·lectiu Maloka, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CEAR, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació Josep Comaposada–UGT, Fundació Pagesos Solidaris, Fundació Pau i Solidaritat–CCOO, Fundació per la Pau, Generalitat de Catalunya, Intermón – Oxfam, Justícia i Pau, Lliga pels Drets dels Pobles, Moviment per la Pau, Solidara-Intersindical-CSC. Entitats observadores: Amnistia Internacional Catalunya, Brigades Internacionals de Pau-Catalunya, Escola de Cultura de Pau de la UAB.
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