El 7 de agosto Juan Manuel Santos fue investido Presidente de la República de Colombia. De su primer discurso como presidente se pueden destacar algunos puntos que parecen romper con la línea uribista como son su disposición a un posible diálogo con las guerrillas para alcanzar la paz, la importancia de la diplomacia con sus vecinos regionales, la separación de poderes, entre otros. Santos quiere un gobierno de unidad nacional y trabajar por la prosperidad social a través de la creación de empleo. Son sólo algunas de sus intenciones pero parece claro que este gobierno ha arrancado con fuerza lanzando varias iniciativas legislativas entre las que destacamos la ley de restitución de tierras y de ley de víctimas. No obstante, no podemos perder de vista que Juan Manuel Santos era parte del núcleo fuerte del anterior gobierno de Álvaro Uribe y ministro de defensa cuando estalló el escándalo de las "ejecuciones extrajudiciales".

Durante estos dos últimos meses se ha producido un considerable incremento de las hostilidades entre la fuerza pública colombiana, las FARC y el ELN causando al menos 141 muertos y 70 heridos entre policías, militares y guerrilleros. En uno de estos enfrentamientos murió el jefe militar y número dos de las FARC, Jorge Briceño, mas conocido como "Mono Jojoy". Las Farc han reiterado su disposición al diálogo para la salida política negociada al conflicto armado pero sin los condicionantes impuestos por Santos. Cómo esta importante baja para las FARC afecta a la dinámica del conflicto tendrá que ser analizada a lo largo de los próximos meses.

El Departamento de Estado de EEUU anunció el 15 de septiembre que Colombia cumple con las condiciones en materia de derechos humanos y por lo tanto certifica al país para que pueda recibir ayuda militar. Esto a pesar de que las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública permanecen en la impunidad. El propio comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado reconoció la seriedad de los problemas en materia de derechos humanos en Colombia.

Según el informe semestral del Programa no gubernamental Somos Defensores, durante el primer semestre del año 2010, 64 defensores y defensoras sufrieron agresiones así como 111 organizaciones sociales y de derechos humanos, fueron víctimas de algún tipo de agresión que pone en riesgo su vida e integridad y obstaculiza la labor legitima y legal de defensa de los derechos humanos.