El informe incluye una cincuentena de recomendaciones al gobierno y al estado colombiano pero también al gobierno de España, el Congreso de los diputados de Madrid, a la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, al Ayuntamiento de Barcelona, a los gobiernos locales y finalmente al Consejo y al Parlamento Europeo.
El informe «La violencia de la Fuerza Pública vulnera los derechos fundamentales en las protestas del Paro Nacional», asegura que “a Colombia no se garantizan el derecho a la protesta pacífica, pensamiento crítico, oposición democrática y de información»
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