Informes destacados en materia de Paz y Derechos Humanos en Colombia que han sido publicados durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro
Los resultados de las dos encuestas publicadas revelan que el 84,2% de la población de Cataluña considera bastante o muy importante dedicar dinero a la política de cooperación para contribuir al desarrollo de los países empobrecidos, y un 75,4%, es decir, tres de cada cuatro, están de acuerdo que la Generalidad de Cataluña dedique el 0,7% de los recursos propios a esta política pública.
Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras del medioambiente. En este contexto, desde el pueblo indígena Awá se han impulsado diversas estrategias de pervivencia para hacer frente, no sólo al difícil y complejo contexto de violencia territorial, sino también para generar iniciativas que defiendan la vida, el «Vivir bonito», que hagan frente al contexto de emergencia climática actual.
El registro tiene el objetivo de organizar cronológica y secuencialmente las agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de las que dan cuenta las constancias históricas escritas por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia) en el 2022; especificando fecha, víctimas, lugar, naturaleza de las violaciones y presuntos responsables. Constancias definidas por la Comunidad de Paz como clamores a la humanidad.
La violencia contra las mujeres no debe ser ignorada cuando se estudian los impactos de las empresas transnacionales, ni debe analizarse como un daño colateral del extractivismo, sino que constituye uno de los ejes principales de los ataques de las empresas transnacionales.
El informe preliminar de la Misión de Observación Cataluña – Colombia incluye unas primeras recomendaciones de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El informe incluye una cincuentena de recomendaciones al gobierno y al estado colombiano pero también al gobierno de España, el Congreso de los diputados de Madrid, a la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, al Ayuntamiento de Barcelona, a los gobiernos locales y finalmente al Consejo y al Parlamento Europeo.
El informe «La violencia de la Fuerza Pública vulnera los derechos fundamentales en las protestas del Paro Nacional», asegura que “a Colombia no se garantizan el derecho a la protesta pacífica, pensamiento crítico, oposición democrática y de información»
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