El Congreso de los Diputados aprueba una Proposición no de Ley en apoyo al Proceso de Paz en Colombia impulsada entre otras, por la Taula Catalana por Colombia
La comisión de Asuntos Exteriores aprobó (con 20 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención), la Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno español a “Continuar manifestando su total apoyo a la implantación integral del Acuerdo de Paz con la participación activa de las comunidades y de las organizaciones sociales colombianas de manera concertada, eficaz e integral, cumpliendo con los enfoques de género, étnico y territorial.”
En la PNL aprobada el 29 de junio se pide al Gobierno de España que apoye al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SVJRNR), vele para garantizar su funcionamiento e independencia e insta al Gobierno a dar un apoyo político y financiero para poder “avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y a las Garantías de no Repetición.”
Defender a quien defiende
Una de los puntos de la Propuesta No de Ley aprobada en el Congreso recoge la necesidad de que el gobierno español manifieste su apoyo a la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia. En este sentido insta al Gobierno a que traslade al Gobierno de Colombia la importancia de según lo establecido en el Acuerdo de Paz, “diseñar y aplicar políticas públicas integrales y eficaces en materia de garantías, prevención y protección en todas las regiones del país y a fortalecer las medidas colectivas de prevención y protección teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.”
Investigación y justicia
La PNL recoge también la necesidad de que el gobierno colombiano realice las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP, incluyendo la identificación de sus estructuras y el esclarecimiento de sus vínculos con élites políticas, económicas y militares.
En esta línea también se insta al Gobierno español para que solicite y apoye al Gobierno de Colombia en la aplicación integral las medidas (acordadas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz) relativas a diseñar una política pública efectiva de desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
En el contexto de las protestas iniciadas el 21 de abril, en las que se han registrado numerosas víctimas civiles, l PNL recoge la necesidad de exigir que se preserve el derecho a la protesta pacífica y en que se investiguen los asesinatos y abusos en el uso de la fuerza atribuidos a funcionarios responsables del mantenimiento del orden público.
Entidades impulsoras
Esta propuesta ha sido impulsada por un grupo de entidades, entre las que se encuentran Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Atelier ONGD, Movimiento por la Paz-MPDL, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) con el apoyo de más de veinte coordinadores y plataformas que trabajan para la justicia social y la Paz en Colombia.
